El 25 de junio de 2006, grupos armados palestinos capturaron a Gilad Shalit en una base militar israelí próxima a la Franja de Gaza. La reclusión de Gilad Shalit en régimen permanente de incomunicación pone de relieve la difícil situación de las personas detenidas en el conflicto entre Israel y la Franja de Gaza, a quienes ambas partes utilizan como moneda de cambio en las negociaciones políticas.
Desde principios de junio de 2007, las autoridades israelíes prohíben a los alrededor de 900 palestinos de Gaza recluidos en prisiones israelíes recibir cualquier visita de tipo familiar. Anteriormente podían visitarlos sólo algunos parientes. Hay personas que llevan 10 años o más sin poder ver a sus familiares encarcelados.
Dicha prohibición forma parte del bloqueo impuesto por Israel a la circulación de personas y mercancías entre Gaza y el exterior, lo que constituye un castigo colectivo a su millón y medio de habitantes.
En febrero de 2009, en respuesta a la preocupación internacional por el hecho de que el bloqueo pudiera ocasionar una crisis humanitaria en Gaza, el viceprimer ministro israelí, Haim Ramon, declaró: “Israel sí que está sufriendo una grave crisis humanitaria: se llama Gilad Shalit […] y mientras no vuelva a casa, no sólo impediremos que lleguen nuevos suministros a los habitantes de Gaza, sino que disminuiremos los que llegaban hasta ahora”.
El primer ministro israelí, Ehud Olmert, se manifestó en términos análogos: “No reabriremos los pasos fronterizos [con Gaza] ni facilitaremos ningún tipo de ayuda a Hamás mientras Gilad Shalit permanezca recluido en la horrible prisión en la que se encuentra”.
Por su parte, Hamás y otros grupos armados palestinos de Gaza insisten en que no lo liberarán mientras Israel no ponga en libertad a varios centenares de los 8.000 palestinos recluidos en cárceles israelíes. “La solución del caso Shalit depende de un intercambio de prisioneros […] No será liberado hasta que el ocupante israelí ponga en libertad a prisioneros palestinos a quienes Hamás desea ver libres, con independencia de las posibles consecuencias de esta medida”, señaló Sami Abu Zuhri, portavoz de dicha organización, en octubre de 2008.
Entre estos presos se encuentran parlamentarios y miembros de Hamás detenidos por las fuerzas israelíes después de la captura de Gilad Shalit con el evidente propósito de presionar a la organización para que lo pongan en libertad.
En conversaciones mantenidas con Amnistía Internacional, altos dirigentes de Hamás han indicado que esta organización reconoce el derecho de todo detenido a recibir visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja, a ser tratado con humanidad y a mantener contactos con sus familiares. Éstas son las principales peticiones formuladas por Amnistía Internacional en el caso de Gilad Shalit, dada su condición de prisionero de guerra.
Sin embargo, dichos dirigentes han señalado también que las visitas no se pueden efectuar por “motivos de seguridad”, pues podrían revelar el paradero del detenido. Según el derecho internacional, este tipo de consideraciones no invalidan las normas que establecen como necesarias las visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja.
En diciembre de 2008, tras reiterar que estaba dispuesto a llevar a cabo una evaluación confidencial de la condición en que se encuentra Gilad Shalit, el Comité señaló: “En el caso de Gilad Shalit, deploramos que las consideraciones de tipo político tengan más peso que las preocupaciones humanitarias y el respeto por los principios humanitarios básicos, circunstancia que imposibilita en la práctica ayudar al detenido o a sus familiares”.
Entre los alrededor de 900 palestinos de Gaza recluidos en cárceles israelíes se encuentra Riyad Ayyad, detenido sin cargos ni juicio desde 2002. Su esposa, Amna Ayyad, señaló a Amnistía Internacional: “Durante cinco años fui a Israel [a visitarlo] y nunca causé ningún problema. Si hubiera hecho algo malo, el ejército israelí me habría detenido. A mi esposo no lo han juzgado y no sabemos cuándo lo pondrán en libertad. ¿Por qué no pueden dejarme que lo visite? Y encima, ahora, desde […] el verano [de 2007], no permiten visitas a nadie de Gaza. Mi hijo nació cuando su padre estaba ya encarcelado y lleva muchos meses sin verlo”.
En septiembre de 2008, el Comité Internacional de la Cruz Roja mostró su preocupación por la política de las autoridades israelíes de prohibir las visitas de carácter familiar a los detenidos de Gaza: “Las familias de Gaza siguen sin poder visitar a los alrededor de 900 palestinos de dicho territorio recluidos en prisiones israelíes después de la decisión adoptada en junio de 2007 por las autoridades israelíes de suspender el Programa de Visitas Familiares. Ente otras, la suspensión ha tenido como consecuencia privar a los niños de ver a sus padres o a otros parientes”.
En octubre de 2008, el ministro de Defensa israelí, Ehud Barak, dio a entender que se podría extender la prohibición a los simpatizantes de Hamás en Cisjordania que se encuentran detenidos. Señaló: “Esta postura ante las visitas a los presos [la prohibición de las visitas procedentes de Gaza], aunque infringe sus derechos en algunos aspectos, está en consonancia con la política del gobierno sobre las sanciones impuestas a Gaza. La postura tiene una justificación muy sólida en el prolongado cautiverio del soldado Gilad Shalit”.
Amnistía Internacional ha pedido que se ponga fin a la utilización de personas detenidas como moneda de cambio en las negociaciones políticas.
“Hamás, como administrador de hecho de la Franja de Gaza, debe procurar que Gilad Shalit sea tratado con humanidad –ha indicado Donatella Rovera, investigadora sobre Israel y los Territorios Palestinos Ocupados de Amnistía Internacional–. Debe permitírsele de inmediato recibir visitas del Comité Internacional de la Cruz Roja y mantener contactos con sus parientes y el exterior de forma periódica. Por su parte, las autoridades israelíes deben permitir la reanudación inmediata de las visitas familiares a los detenidos palestinos de Gaza y levantar el bloqueo de dicho territorio”.
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